Asesinato de periodista en La Libertad: la violencia que silencia al periodismo en Perú

El 6 de diciembre de 2025, el periodista y comunicador Fernando Núñez Guevara —director del portal Kamila TV y miembro de la filial de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) en Chepén— fue asesinado a balazos mientras viajaba en motocicleta junto a su hermano por la carretera Panamericana Norte, a la altura de la “Curva La Barranca”

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Este crimen ha conmocionado al sector periodístico y generado alarma en la sociedad. La muerte de Núñez no solo representa una pérdida humana, sino un ataque directo contra la libertad de prensa y un reflejo preocupante del deterioro de la seguridad en el país.

Detalles del ataque y contexto del hecho

Según las primeras versiones, Núñez y su hermano fueron interceptados por sujetos armados mientras se desplazaban en su motocicleta. Los agresores dispararon al menos tres veces, causando la muerte inmediata del periodista. Fuente: La República y América TV.

Tras el ataque, su hermano fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde fue reportado como gravemente herido. Fuente: La República.

La ANP filial Chepén, así como periodistas de la región, manifestaron su rechazo al crimen y exigieron justicia, solicitando una investigación exhaustiva. Referencia: La República.

Hasta el momento de los informes iniciales, las autoridades policiales y el Ministerio Público habían iniciado diligencias, pero aún no se establecía con claridad el móvil del ataque (extorsión, sicariato o robo). Fuente: Infobae.

Contexto nacional: la violencia contra periodistas en aumento

Este crimen no es un hecho aislado. Diversos informes de gremios de prensa y organizaciones internacionales indican que las agresiones, amenazas y ataques contra periodistas en el Perú han ido en aumento en los últimos años. Fuentes: Revista de Periodismo LatAm y Diario UNO.

Entre enero y abril de 2025 se registraron 101 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo amenazas, agresiones físicas, hostigamientos y restricciones al trabajo informativo. Referencia: Diario UNO.

Los informes anuales del 2025 reflejan que la situación de seguridad para la prensa continúa deteriorándose en el país. Fuente: Revista de Periodismo LatAm.

Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han expresado su preocupación por la creciente violencia institucional y criminal contra periodistas, señalando que este ambiente amenaza la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información. Referencia: RSF.

Este contexto no solo afecta a quienes informan, sino a toda la ciudadanía, pues limita la transparencia, favorece la impunidad y silencia voces críticas fundamentales para la democracia.

Impactos sociales y democráticos del asesinato

Censura y autocensura: la violencia contra periodistas genera miedo, y muchos medios locales o regionales pueden optar por no cubrir temas sensibles para evitar represalias.

Debilitamiento del control ciudadano: el asesinato de quienes investigan corrupción, crimen organizado o abusos de poder reduce la vigilancia social y favorece la impunidad.

Desconfianza en las instituciones: la falta de resultados concretos en investigaciones alimenta la percepción de inseguridad y desprotección.

Un riesgo que se repite: cada crimen impune fortalece a los grupos criminales y redes corruptas, que ganan capacidad de intimidar y silenciar la prensa.

Qué reclaman periodistas y sociedad civil

Frente a este y otros ataques recientes, periodistas, gremios y organizaciones civiles solicitan medidas urgentes como:

- Protección efectiva para periodistas en riesgo.
- Protocolos de seguridad para desplazamientos en áreas peligrosas.
- Investigaciones rápidas, transparentes y con sanciones para autores materiales e intelectuales.
- Garantías reales para la libertad de prensa y el derecho a la información a nivel nacional.
Fuentes: La República y América TV.

Reflexión: por qué este caso debe llamar a una acción estructural

El asesinato de Fernando Núñez no puede ser considerado un hecho aislado. Es un síntoma grave de problemas más profundos: inseguridad creciente, fragilidad institucional, impunidad y un debilitamiento constante de la democracia.

Si el Estado no garantiza protección efectiva para periodistas, la violencia —tanto criminal como vinculada al poder político o económico— seguirá escalando. El impacto no se limita al gremio: afecta al país entero.

Es urgente impulsar medidas estructurales: fortalecimiento del sistema de justicia, protección física y digital para periodistas, mecanismos de alerta temprana, vigilancia comunitaria y protocolos especializados. La cobertura periodística no puede depender de la suerte.

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